La Regulación y el Estado

    Los medios de comunicación siempre han sido una herramienta indispensable entre los seres humanos, gracias a ellos, la gente se mantiene en contacto y se siente cerca, por más que estén separados por cientos de kilómetros. Con los avances tecnológicos se ha logrado contar con sistemas de comunicación cada vez más eficaces, de mayor alcance, más potentes y prácticos. De esta manera, actualmente no sólo estamos en continuo contacto, sino que nos mantenemos informados de sucesos sociales, políticos y económicos, tanto a escala nacional como internacional. Por ello, los servicios públicos de telecomunicaciones, tales como el teléfono fijo, móvil, la televisión por cable y la Internet, se han convertido en una verdadera necesidad en el quehacer de los seres humanos.

    Es así que la reforma del estado, la privatización y la mayor autonomía de numerosos servicios antes manejados centralizadamente, ha puesto en el tapete de actualidad el tema de la regulación. Al principio se vinculó casi exclusivamente a procesos de liberalización financiera y privatización de servicios (como telecomunicaciones y electricidad). Posteriormente, el avance de las reformas ha ido poniendo cada vez más en evidencia la necesidad de generalizar el rol regulador del Estado a otros ámbitos del quehacer económico y social, abarcando servicios tales como el transporte y los recursos naturales. El Estado Regulador implica la hegemonía de la regulación como forma de gobierno. El gobierno abandona su carácter de productor y se concentra en un rol de generador y garante de las reglas de juego que la sociedad ha acordado como régimen de convivencia. "...Los Organismos Reguladores (OR) cumplen la función de proteger a los consumidores de las empresas con poder de mercado y de proteger las inversiones, de las acciones oportunistas de los gobiernos." (Edwin Quintanilla, 2004).

Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL)

    Fue creado el 11 de julio de 1991 mediante Decreto Legislativo Nº 702, e inició sus actividades con la instalación de su primer Consejo Directivo el 26 de enero de 1994. Es un organismo público con autonomía técnica, económica, financiera, funcional y administrativa. Es dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros. Tiene potestades normativas y reguladoras, correctivas, sancionadoras y de solución de controversias. Entre sus principales funciones se encuentran: fijar las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones y establecer las reglas para su correcta aplicación, administrar el Fondo de Inversión de Telecomunicaciones, promover la inversión privada en el sector, y velar por el cabal cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos por los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones.

    Es necesario precisar que la regulación sirve no sólo para proteger a los inversionistas frente a una intervención arbitraria del gobierno basada en motivaciones políticas, sino también para proteger a los usuarios de un posible abuso de su posición monopolística por parte de los operadores privados. El instrumento que se ha venido implementado en el país para llevar dicha regulación es el Contrato de Concesión, en el cual se estipulan las reglas de juego sobre las que interactuarán el Estado y la empresa u operador privado (como concesionario).

    La regulación de los servicios públicos está prevista en la Constitución Política del Perú de 1993, en donde se precisa que uno de los principales roles del Estado es la promoción del bienestar general de la población. Para lograr ello, las políticas del Estado deben enmarcarse en una economía social de mercado; esto es, el Estado debe desarrollar políticas adecuadas que establezcan los incentivos necesarios y suficientes para la participación del sector privado, de manera libre, en la provisión de servicios públicos.

    En resumen, el OSIPTEL se creó con el fin de garantizar la calidad y eficiencia del servicio de telecomunicaciones brindado al usuario y para proteger el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones de prácticas contrarias a la libre y leal competencia.